La extensión del escándalo del uso del dinero comunitario para pagar las pensiones obliga a la presidenta de la Comisión a aplacar a Alemania y Países Bajos si quiere sacar adelante sus presupuestos
La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, va a tener que elegir entre seguir protegiendo a Pedro Sánchez en la polémica sobre uso de fondos europeos para pagar el déficit en las pensiones españolas, o reducir sus aspiraciones para los próximos presupuestos comunitarios. El escándalo ha aparecido ya en la prensa de los países llamados ‘frugales’, lo que aumenta la presión sobre los gobiernos que están empezando a discutir las perspectivas financieras de la UE y que van a utilizar el caso español como argumento para oponerse a un aumento de sus contribuciones.
Según fuentes parlamentarias, el Grupo Popular Europeo tiene constancia de la irritación que el escándalo ha provocado en el seno del gobierno alemán, el mayor contribuyente neto de la UE, y aseguran que desde Berlín se le ha hecho saber a Von der Leyen que no será fácil que este tema se difumine solo y desaparezca del debate político en Bruselas.
Tanto Países Bajos como Alemania presionaron en su día para que el mecanismo de los fondos de recuperación incluyesen más controles y ahora se sienten reivindicados. Y, sobre todo, en los pasillos del Parlamento Europeo se da por hecho que, una vez visto el informe del Tribunal de Cuentas sobre los pagos de 2024 es más que probable que el fenómeno pueda ser aún más escandaloso en los de 2025. En el primer año, España recibió 9.000 millones, en el segundo fueron 24.000 millones.
Eso explicaría que si bien desde un principio la versión oficiosa de la Comisión trataba de echar tierra sobre el asunto, el Ejecutivo comunitario ha terminado por reconocer al menos que existen dudas sobre el caso. Así, tras la aparición de las primeras informaciones, la Comisión respondió informalmente que estaban «revisando la información». Pero explicaban que «es perfectamente posible que un Estado miembro tenga que prefinanciar ciertas inversiones antes de recibir el siguiente desembolso. Del mismo modo, un Estado miembro también puede utilizar la liquidez procedente de los pagos de los fondos de recuperación para cubrir otros gastos». La Comisión definía eso como «operaciones ordinarias de gestión de tesorería».
Sin embargo, poco después, esta misma semana, el vicepresidente de la Comisión, Raffaele Fitto, encargado de los fondos estructurales y de las reformas, ha ido un poco más lejos y ha reconocido que la Comisión tiene conocimiento de que en España se ha usado dinero proveniente de los fondos de recuperación para complementar el agujero de las pensiones en 2024, que es algo que no está permitido por el reglamento. Para Fico, el pago del déficit de las pensiones «no es elegible para el uso de estos fondos», lo que constituye el reconocimiento más claro de que hay un problema.
También insistía en que «el uso temporal de la liquidez de estos pagos para un aumento inesperado del presupuesto es temporal y no tiene impacto». Al comisario italiano (Italia es el primer país receptor de fondos de recuperación) le ha faltado aclarar si espera que el Gobierno español reponga ese dinero gastado en pensiones para regularizar ese «uso temporal de la liquidez».
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