Víctor Travezaño M.(director de Cooperando)
Tortuga morrocoy. De acuerdo con López Aliaga, se implementó una presunta estrategia de origen venezolano con ese nombre que, según, consiste en la demora intencional de la llegada del material electoral a los locales de votación para perjudicar a determinados candidatos en sus lugares de mayor apoyo. Dichas acusaciones han sido desmentidas por observadores internacionales.
Las elecciones generales del 12 de abril de 2026 en el Perú han vuelto a exponer, con crudeza, la profundidad de la crisis política que atraviesa el país desde hace más de una década. Lejos de constituir un mecanismo de renovación democrática, el proceso electoral ha revelado un sistema debilitado, una ciudadanía desconfiada y unas instituciones incapaces de garantizar un clima de estabilidad. La fragmentación extrema, las denuncias de irregularidades y el lento escrutinio no son hechos aislados, sino síntomas de un deterioro estructural que amenaza con perpetuarse.
El primer elemento crítico es la ausencia de un liderazgo político sólido. Treinta y cinco candidatos presidenciales compitieron en una elección donde ninguno logró superar siquiera el 20% de los votos válidos. Este escenario no solo evidencia la dispersión del electorado, sino también la incapacidad de los partidos para articular proyectos nacionales coherentes. La presencia de Keiko Fujimori en primer lugar, con apenas un 16–17%, y la disputa milimétrica entre Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga por el segundo puesto, reflejan un país sin consensos mínimos y con un voto profundamente atomizado.
A esta fragmentación se suma la crisis postelectoral, marcada por denuncias de irregularidades logísticas, especialmente en Lima. La renuncia del jefe de la ONPE, Piero Corvetto, y las investigaciones abiertas contra funcionarios y empresas contratadas para la distribución del material electoral han alimentado la percepción de un sistema vulnerable. Aunque organismos internacionales como la OEA y Transparencia descartaron indicios de fraude sistemático, el daño ya estaba hecho: la confianza ciudadana, ya erosionada, volvió a resentirse.
Este escenario se agrava por la inestabilidad institucional crónica que vive el Perú. Desde 2016, ningún presidente ha logrado completar su mandato. La destitución de Dina Boluarte, seguida por la censura de José Jerí y la asunción interina de José María Balcázar, confirma la incapacidad del sistema político para sostener gobiernos estables. El Congreso, lejos de actuar como un contrapeso responsable, ha impulsado reformas que responden más a intereses coyunturales que a una visión de Estado: el retorno a la bicameralidad, la reelección inmediata de congresistas y la posibilidad de que candidatos presidenciales postulen simultáneamente al Legislativo son ejemplos de decisiones tomadas sin un consenso social amplio.
En este contexto, el clima político tras el 12 de abril estuvo marcado por la cautela y la tensión. Mientras Fujimori llamó al diálogo, López Aliaga insistió, con plena razón, ya que es el primer afectado con estas “irregularidades” y “errores”, una forma de fraude digitalizado desde un software y otros candidatos optaron por aceptar los resultados preliminares o retirarse de la escena pública. La ciudadanía, por su parte, observó con escepticismo un proceso que parecía repetir los patrones de crisis de años anteriores.
De cara a la segunda vuelta prevista para el 7 de junio de 2026, el país se encuentra ante un dilema que trasciende a los candidatos. Más allá de quién dispute el balotaje, el verdadero desafío es reconstruir la legitimidad del sistema político. La elección no resolverá por sí sola la crisis de representación, la desconfianza institucional ni la fragmentación social. Sin embargo, puede abrir una ventana —estrecha, pero necesaria— para iniciar un proceso de recomposición democrática.
El Perú enfrenta una de sus coyunturas más complejas en décadas. La combinación de fragmentación extrema, crisis institucional, denuncias infundadas y un escrutinio lento ha configurado un escenario de incertidumbre que exige reformas profundas y consensos amplios. La democracia peruana no está en riesgo por un solo actor, sino por la acumulación de fallas estructurales que han debilitado sus cimientos. El reto, ahora, es evitar que esta crisis se convierta en un estado permanente.