Víctor Travezaño M(director de Cooperando)
En el Perú, la política tiene una habilidad casi artística para repetirse. Cada cierto tiempo aparece un candidato que promete renovación, ética, transparencia, “otra forma de hacer las cosas”. Y, casi siempre, basta rascar un poco la superficie para descubrir que debajo del discurso progresista, conservador o tecnocrático, late la misma maquinaria de siempre. El caso de Roberto Sánchez no es la excepción; es la confirmación.
Mientras intenta posicionarse como una alternativa fresca rumbo al 2026, la Fiscalía lo acusa de haberse apropiado de fondos de campaña en procesos anteriores. No estamos hablando de un error administrativo ni de una omisión involuntaria. Estamos hablando de presunto desvío de cientos de miles de soles y de información falsa presentada ante la ONPE. Y aun así, Sánchez insiste en que todo es un malentendido. La narrativa es conocida: todos son inocentes hasta que la justicia dice lo contrario, pero en el Perú la política se ha acostumbrado a usar la presunción de inocencia como escudo para evitar la responsabilidad política.
Lo más grave no es solo la acusación, sino lo que revela. Juntos por el Perú ha construido su identidad sobre la idea de ser “la izquierda ética”, la que no roba, la que no negocia con la corrupción. Pero cuando su principal figura enfrenta un proceso por presunto manejo irregular de fondos, el discurso se desploma. No porque la justicia haya hablado todavía, sino porque la coherencia es un valor político que no se puede improvisar.
Si la sentencia llega —y la Fiscalía ha pedido más de cinco años de prisión e inhabilitación definitiva— la candidatura de Sánchez no solo quedaría fuera de carrera. Quedaría expuesta como lo que muchos sospechaban: un proyecto que se sostenía más en el marketing moral que en la integridad real. Y si la sentencia no llega a tiempo, el daño ya está hecho. Un candidato que entra a una elección con un proceso penal por presunto desvío de fondos no puede pretender liderar una transformación ética del país.
El problema es más profundo que un nombre propio. El caso Sánchez vuelve a desnudar la precariedad del financiamiento político en el Perú. La falta de controles, la opacidad, la cultura de “todo vale” en campaña. No importa si el candidato se presenta como progresista, liberal o conservador: el sistema los absorbe a todos por igual. Y quienes prometen ser distintos terminan repitiendo los mismos vicios.
Sánchez asegura que parte de las investigaciones fueron archivadas. Puede ser cierto. Pero la política no se mide solo en expedientes judiciales. Se mide en confianza, en credibilidad, en la capacidad de sostener un discurso sin que se derrumbe al primer soplido. Y en ese terreno, su candidatura ya está herida.
El Perú no necesita más candidatos que se proclaman salvadores mientras arrastran sombras financieras. Necesita políticos capaces de demostrar, con hechos, que no son parte del mismo ciclo de siempre. Si Roberto Sánchez no puede hacerlo, entonces su caída no será una tragedia política. Será simplemente justicia poética