La histórica toma de mando de la presidenta marca el regreso del fujimorismo después de casi treinta años y la convierte en la primer mujer en ser elegida por voto popular. Foto: EL PAIS
Santiago Peña, Javier Milei, Daniel Noboa, Felipe VI, José Antonio Kast en Lima, Perú.Leslie Moreno Custodio (REUTERS)
Víctor Travezaño M(director de Cooperando)
Perú ingresa a un nuevo ciclo político con una paradoada inquietante: exige estabilidad, pero castiga a quienes intentan ejercerla. En ese escenario, el eventual gobierno de Keiko Fujimori no solo enfrentaría la herencia de una década de crisis institucional, sino también la sombra larga del fujimorismo, que divide, moviliza y condiciona cualquier intento de gobernabilidad.
La polarización ya no es un fenómeno coyuntural: es la estructura sobre la que se sostiene la vida pública. Un país que ha tenido ocho presidentes en diez años, que ha convertido la vacancia en un mecanismo rutinario y que ha visto cómo el Congreso se transforma en un campo de batalla, no ofrece terreno fértil para proyectos políticos de largo aliento. La hiperfragmentación partidaria, con bancadas que se deshacen y se recomponen al ritmo de intereses inmediatos, convierte cada reforma en una negociación incierta y cada decisión en un riesgo.
La reconstrucción de la legitimidad: En ese contexto, el primer desafío de Fujimori sería reconstruir legitimidad. No la que otorgan los votos, sino la que se gana con gestos claros: respeto a los contrapesos, transparencia en la gestión y distancia explícita respecto de cualquier tentación autoritaria. El anti fujimorismo no es un adversario electoral; es un actor político permanente que condiciona la agenda y vigila cada movimiento. Ignorarlo sería un error estratégico.
Un país partido en dos. El segundo reto es territorial. La fractura entre Lima y el sur andino no es solo electoral: es económica, cultural y emocional. Gobernar para un país que no se reconoce a sí mismo exige políticas redistributivas, presencia estatal real y una narrativa que incluya a quienes históricamente han sido espectadores del poder. Sin ese puente, cualquier reforma será percibida como ajena.
La seguridad como urgencia nacional. La seguridad, convertida en urgencia nacional, añade presión. El avance del crimen organizado demanda respuestas firmes, pero también institucionales. La línea entre la eficacia y el abuso es delgada, y el fujimorismo carga con un pasado que obliga a actuar con doble prudencia. La ciudadanía exige resultados, pero también garantías.
LA IZQUIERDA RADICAL: UNA OPOSICIÓN SIN PODER; PERO CON MUCHO RUIDO
A este escenario se suma un actor que, aunque debilitado, no ha perdido capacidad de influencia: la izquierda radical. Tras años de presencia significativa en el Congreso, gobiernos regionales y organizaciones sociales, estos sectores atraviesan un retroceso institucional evidente. Sin embargo, su pérdida de espacios formales no implica irrelevancia. Por el contrario, abre paso a una oposición más disruptiva, más emocional y menos dispuesta a negociar.
Su fuerza ya no reside en la gestión pública, sino en tres frentes: Movilización callejera — La protesta se convierte en su principal herramienta. En un país con alta conflictividad social, cualquier medida del Ejecutivo puede activar movilizaciones rápidas y de alcance nacional. Narrativa de resistencia — Al perder control institucional, estos grupos refuerzan un discurso que presenta al gobierno como una amenaza estructural para los sectores populares. Bloqueo legislativo — Aunque con menor representación, articulan alianzas tácticas con bancadas oportunistas para frenar reformas clave.
Este desplazamiento convierte a la izquierda radical en un actor opositor más impredecible. Sin responsabilidades de gestión, su incentivo es desgastar, no construir. Para Fujimori, esto significa gobernar bajo una presión constante que no proviene del Congreso, sino de la calle, las redes y los territorios donde estos sectores aún conservan influencia simbólica.
El Congreso y la tentación del conflicto. La gobernabilidad dependerá también de la capacidad de tejer alianzas en un Congreso que premia la confrontación. El retorno al bicameralismo ofrece un respiro, pero no una solución. La estabilidad no se decreta: se construye con acuerdos amplios y con la renuncia explícita a la lógica del “todo o nada”.
La prueba definitiva. Perú no necesita un gobierno fuerte; necesita un gobierno que fortalezca al país. Ese es el verdadero desafío. Y para Keiko Fujimori, será también la prueba definitiva: demostrar que puede liderar sin dividir, reformar sin imponer y gobernar sin repetir los errores que marcaron la historia de su apellido. En un país fracturado, la gobernabilidad no será un acto de autoridad, sino un ejercicio de equilibrio.