Interior minimiza que Rabat retome la reivindicación de las ciudades autónomas, mientras Defensa blinda su soberanía: «Son españolísimas»
La orden emitida por la Moncloa, desde el minuto uno de la invasión de Ceuta los pasados días 30 y 31 de julio, era clara: resolver la crisis «cuanto antes». La estrategia pública por la que optó entonces —y mantiene hasta la fecha— el Ejecutivo de Pedro Sánchez, también: prudencia, sabedor de que las relaciones con el país vecino son harto delicadas dada su «alta sensibilidad».
Nada de escalar el conflicto con reproches hacia Marruecos. El Ejecutivo debía centrarse en resolver «lo urgente», véase el regreso de la gran mayoría de los aproximadamente 80.000 inmigrantes que accedieron a la ciudad autónoma de forma irregular (tarea de la que el Gobierno Madrid se congratula y achaca a la voluntad de Rabat). De ahí, las numerosas apelaciones a la colaboración del reino alauí, una actitud facilitadora necesaria de mantener para que las expulsiones y repatriaciones de sus nacionales se materializaran con éxito.
La cautela y moderación parece, en cambio, haber sido unilateral, ya que, el país vecino no ha escatimado desde entonces y, especialmente, en los últimos días, en señalamientos y reproches a España. A finales de la semana pasada, el Gobierno marroquí volvió a la carga con la repatriación de los más de 4.000 menores no acompañantes que ya están en nuestro país —en torno a 1.400 llegaron a finales de julio— pese a su histórica negativa a colaborar en el proceso de retorno como ya ocurriera en 2021 y 2024.
«Marruecos exigirá que le devuelvan a sus hijos, tanto legal como políticamente», anunció el ministro de Justicia del país magrebí, Abdelatif Ouahbi, responsabilizando directamente a las autoridades españolas al asegurar que existen una serie de «obstáculos judiciales y administrativos» por parte de estas que torpedean los procesos. Basta con consultar la última Memoria Anual de la Fiscalía General del Estado, que recoge expresamente la imposibilidad de retornar jóvenes y niños marroquíes en 2024 por «por falta de contestación de las autoridades» del reino alauí. El trágala de la Moncloa fue notorio. José Manuel Albares hizo gala de un discurso seguidista de Rabat en el que incluso aplaudió que pidiera el regreso inmediato de sus menores «sin pedir contrapartida alguna» y asumió las presuntas trabas legales de las que hablaba Ouahbi.
Apenas transcurrieron 24 horas cuando la administración del país magrebí, regido por Mohamed VI, volvió a encañonar a Madrid. El ministro de Justicia marroquí escalaba su discurso el martes por la noche, en una entrevista concedida a la televisión pública, reivindicando de nuevo para sí la soberanía de Ceuta y Melilla, los dos enclaves situados en el norte de África que España posee (desde los siglos XV y XVI respectivamente) a los que se refirió como «nuestros territorios». «Este asunto sigue encima de la mesa. Cada vez que nos reunimos con los españoles planteamos la cuestión», llegó a asegurar Ouahbi, al que el jefe de la diplomacia española, —sin salirse, eso sí, del guion— desmintió horas después.
Toda una declaración de intenciones que, sin embargo, hubo a quien no le pareció de tamaña envergadura. Es el caso del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para el que «esas referencias no tienen ningún alcance» y sigue considerando a Rabat un «socio absolutamente fiable», como señaló también este miércoles a su salida de la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del eclipse solar.
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