El equivalente galo del Tribunal Constitucional invalida la ley que debía entrar en vigor en septiembre y convertir a Francia en el primer país de la Unión Europea en aplicar esta medida
El Consejo Constitucional francés ha tumbado una de las grandes promesas del final de la presidencia de Emmanuel Macron, así como una medida precursora en la Unión Europea. El equivalente galo del Tribunal Constitucional ha censurado el principal artículo de la ley que prohíbe las redes sociales a menores de 15 años. Ha considerado que supone «una vulneración desproporcionada» de la libertad de expresión, en una decisión comunicada este viernes al mediodía. El texto había sido recurrido a finales de julio por la Francia Insumisa (afines a Sumar o Podemos), y ahora este organismo invalidó la parte esencial de la ley, que debía entrar en vigor el 1 de septiembre.
Tras haber sido prometida por Macron desde hacía años, la Asamblea Nacional aprobó definitivamente el 21 de julio la prohibición de las redes sociales a los niños y adolescentes más jóvenes. El texto adoptado en el país vecino prohibía un amplio abanico de plataformas. No solo incluía las más conocidas (X, Instagram, TikTok, Snapchat…), sino también algunas funciones de YouTube —el hecho de escribir comentarios—, de WhatsApp, Messenger y de videojuegos en línea como Roblox.
El Consejo reconoce en su sentencia la importancia de «la protección de los intereses de los niños». Pero considera, asimismo, que la ley invalidada establecía una prohibición «demasiado amplia» y «susceptible de aplicarse en servicios en línea de los que no se ha demostrado que supongan un peligro para la salud y la seguridad de los menores». Su decisión refleja la dificultad técnica de aplicar una política de este tipo respetando la carta magna y el derecho europeo, así como el diseño insuficiente de esta legislación. La había impulsado la representante macronista Laure Miller y los diputados y senadores la habían modificado durante los debates parlamentarios.
Francia deja de ser precursora
Con el texto aprobado el mes pasado, Francia siguió el ejemplo de Australia e iba a convertirse en el primer país de la UE en aplicar una prohibición de este tipo, algo que finalmente no ocurrirá a corto plazo debido a la sentencia del Constitucional. El Gobierno de Pedro Sánchez prepara una medida parecida, cuyo proyecto de ley se está tramitando en el Congreso de los Diputados. Además, la Comisión Europea estudia una prohibición para los menores de 13 años y una armonización de estas políticas entre los 27. Y los gabinetes de Reino Unido, Brasil, Indonesia o Nueva Zelanda también se mostraron favorables a iniciativas legislativas del mismo estilo.
Pese al revés de este viernes, el Ejecutivo de Macron y Sébastien Lecornu confía en conseguir la aprobación de una nueva ley a principios del año que viene. «El presidente de la República ha pedido al primer ministro que trabaje, en el mejor plazo posible, en la redacción» de otro texto «jurídicamente robusto» en aras de «proteger a nuestros niños de las redes sociales», indicó el Elíseo en un comunicado. «Seguimos trabajando contra los mecanismos adictivos», afirmó, por su lado, Sarah el Haïry, Alta Comisaria de la Infancia —cargo equivalente al de un secretario de Estado—, en la red social X.
«La determinación del presidente de la República es total para conseguir la aprobación de esta reforma de aquí a la primavera de 2027», cuando se acabará el mandato del actual jefe del Estado galo, ha subrayado el Elíseo. Macron tuvo que conformarse con el hecho de que el Consejo sí que consideró constitucional la legalización de la eutanasia para enfermos terminales, aprobada definitivamente el 15 de julio y validada este viernes por ese organismo.
Falta de garantías para proteger la vida privada
Macron se ha visto obligado a modificar su estrategia sobre la protección de los menores de las pantallas. En lugar de una propuesta de ley impulsada por una diputada de su partido, espera ahora que el Gobierno elabore un proyecto de ley más sólido y acorde a los principios de la Constitución. Tanto la coalición presidencial como la mayoría de las formaciones francesas —el texto fue aprobado con 279 votos a favor y solo 81 en contra— se decantan por impedir a los más jóvenes que se conecten a las redes sociales. Consideran esta restricción necesaria para combatir los casos de acoso, adicción a las pantallas, trastornos alimentarios u otros problemas de salud mental que puede conllevar un mal uso de estas plataformas.
La ley invalidada, sin embargo, incluía algunos aspectos polémicos, especialmente, el hecho de aumentar las medidas de control a todos los ciudadanos a la hora de inscribirse en una plataforma en internet. Para que la restricción fuera eficaz, preveía que estas adoptaran uno o varios mecanismos para controlar la edad de los usuarios, pero no establecía cuáles estaban permitidos. Es decir, dejaba la puerta abierta a que Instagram o X pidieran el carné de identidad a los internautas. Según el Constitucional, «como no se determinaron las condiciones y los límites» de las verificaciones de edad, «los legisladores no previeron las garantías legales necesarias» para respetar la vida privada.
El Gobierno francés quería ser precursor en el Viejo Continente, pero el revés del Constitucional ha evidenciado los errores a evitar en materia jurídica. Ha sentado un precedente para otros países europeos que aspiren a proteger a los más jóvenes de los efectos nocivos de los gigantes de internet.
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