Víctor Travezaño M (Director de Cooperando)
Las elecciones del 12 de abril no terminaron el domingo. Ni siquiera terminaron cuando la ONPE publicó los primeros avances del conteo. Terminaron —si es que puede decirse que terminaron— cuando una parte significativa del país dejó de creer en el proceso. Y cuando una elección pierde credibilidad, pierde su razón de ser.
Hoy, la exigencia de nuevas elecciones ya no es un murmullo marginal. Es un clamor que crece en redes, en calles, en declaraciones políticas y en sectores que se sienten directamente afectados por lo ocurrido. No se trata solo de quién pasó o no a la segunda vuelta. Se trata de algo más profundo: la sensación de que el proceso estuvo marcado por fallas que la autoridad electoral no ha sabido explicar ni corregir; se presume que los autores de tales irregularidades son Piero Corvetto, jefe de la ONPE, personaje “progre” sobreviviente del grupo de Salas Arenas protagonista del anterior fraude que sentó a Pedro Castillo en el palacio. Se comenta que estas irregularidades y “malos manejos” del proceso electoral apuntan a favorecer a Roberto Sánchez y en desmedro de Rafael López Aliaga.
La ONPE enfrenta su peor crisis de legitimidad
La institución encargada de garantizar la voluntad popular está en el centro del huracán. Y no por capricho. Los hechos son conocidos: Locales que abrieron tarde, mesas sin material, votación extendida al día siguiente, funcionarios intervenidos por presunto incumplimiento, etc.
En cualquier democracia madura, esto sería motivo suficiente para una revisión exhaustiva. En el Perú, donde la confianza institucional es un recurso escaso, es gasolina sobre un incendio.
La exigencia de nuevas elecciones no surge del vacío
No es un capricho. No es un berrinche. Es la consecuencia directa de un proceso que dejó demasiadas sombras. La ciudadanía —o al menos una parte significativa de ella— siente que el resultado no refleja un acto electoral limpio, ordenado y transparente.
Y cuando la confianza se rompe, la legitimidad se evapora.
La ONPE puede insistir en que no hubo fraude. Puede repetir que el conteo es seguro. Puede publicar comunicados técnicos. Pero nada de eso responde a la pregunta que hoy domina el debate público: ¿Por qué falló lo que nunca debió fallar?
Nuevas elecciones: una demanda extrema, pero no inexplicable
Pedir nuevas elecciones es una medida drástica. Implica costos económicos, desgaste institucional y un nuevo ciclo de incertidumbre. Pero también es cierto que ningún país puede sostener una segunda vuelta nacida bajo sospecha, con un organismo electoral debilitado y con candidatos que compiten en un terreno minado por la desconfianza.
La exigencia de repetir los comicios refleja una verdad incómoda: para una parte del país, el proceso ya no es reparable.
La ONPE debe elegir: transparencia radical o crisis prolongada
El organismo electoral tiene dos caminos: Abrirse a auditorías independientes, revisión pública de actas, investigación de cada irregularidad y rendición de cuentas sin reservas. O enfrentar una presión creciente que puede desembocar en una crisis política mayor, donde la exigencia de nuevas elecciones se convierta en un punto de no retorno.
La ONPE no puede seguir actuando como si la indignación fuera un malentendido. No lo es. Es el síntoma de un sistema que ya no inspira confianza.
Las denuncias de fraude deben investigarse con rigor sobre la base de diversas pruebas constatadas. El Jurado Electoral tampoco puede esconderse ni ignorar las evidencias y la magnitud del problema.
Hoy, la exigencia de nuevas elecciones es el reflejo de un país que siente que su voto no fue respetado. Y cuando una democracia llega a ese punto, no basta con administrar un proceso: hay que reconstruir la confianza desde cero.
El Perú no puede permitirse otra elección cuestionada. Y la ONPE no puede permitirse otra oportunidad perdida.