Oficialismo y la AN 2015 negocian dentro de un marco de prioridades, condiciones e incentivos establecidos de forma unilateral por la Administración Trump.
Siete meses después de la captura y extracción de Nicolás Maduro, el proceso de transición democrática tutelado por Washington en Venezuela da un giro y comienza a adquirir una estructura institucional más definida.
Con el inicio, el 6 de agosto en el Centro de Convenciones de La Carlota en Caracas, del proceso formal de conversaciones entre representantes del gobierno interino de Delcy Rodríguez y la delegación de la Asamblea Nacional de 2015, se puso en marcha el mecanismo operativo diseñado por la Casa Blanca para avanzar en la tercera fase de su plan para el cambio político en Venezuela, con el objetivo específico de alcanzar la reconciliación política y la transición hacia las elecciones democráticas.
Hasta ahora, Washington había encauzado las dos primeras fases de su estrategia —estabilización y recuperación económica— mediante conversaciones directas entre representantes de la Administración Trump y el interinato de Delcy Rodríguez. Se trataba de un esquema esencialmente bilateral, que excluía a la oposición democrática y que ha sido objeto de fuertes cuestionamientos, dentro y fuera de Venezuela, por su opacidad, discrecionalidad y por la falta de legitimidad política del gobierno interino.
Aunque el nuevo mecanismo permite avanzar en la transición de forma más institucionalizada y representativa, esto no parece implicar que se puedan acortar los plazos previstos en el plan de Washington, en particular en lo que respecta al momento de las elecciones presidenciales —el objetivo más demandado por buena parte de la sociedad venezolana—. La cuestión central es que el ritmo real del proceso sigue muy atado a los intereses de la Casa Blanca.
La arquitectura institucional del proceso de conversaciones
La información sobre la arquitectura y funcionamiento del mecanismo es limitada y llega casi exclusivamente a través de comunicados y declaraciones puntuales de los propios negociadores o de funcionarios de la Casa Blanca. Según estas fuentes, el proceso de conversaciones se estructura en torno a una plenaria como máxima instancia de deliberación. Esta está integrada por dos delegaciones paritarias: la del gobierno interino encabezada por Jorge Rodríguez y la de la Asamblea Nacional de 2015 encabezada por Dinorah Figuera. Cada delegación cuenta con seis miembros principales y una comisión de apoyo integrada por cuatro miembros. La plenaria constituye el espacio formal donde se adoptan las decisiones fundamentales, la agenda de temas, el cronograma y la metodología de trabajo.
El trabajo sustantivo se desarrolla en mesas técnicas paritarias organizadas en torno a los temas de la agenda. El proceso se articula en ciclos de trabajo con metas claras y verificables, y las partes se comprometen a informar oportunamente al país sobre los avances alcanzados.
La agenda inicial contempla tres temas: la atención a las víctimas del doble terremoto del 24 de junio, el fortalecimiento de la democracia y los derechos y garantías políticas. El primer ciclo de trabajo se extenderá hasta el 12 de agosto.
Según declaraciones de Dinorah Figuera, se prevé alcanzar avances en materia de derechos civiles y políticos para octubre; en la reinstitucionalización del Tribunal Supremo de Justicia para noviembre; y en la conformación de un nuevo Consejo Nacional Electoral para diciembre de 2026.
Washington delimita la cancha donde juegan los venezolanos
Aunque formalmente, según los comunicados del Departamento de Estado, estas conversaciones son un proceso «liderado por venezolanos” y respaldado por los Estados Unidos, en la práctica, las delegaciones del oficialismo y de la AN 2015 negocian dentro de un marco de prioridades, condiciones e incentivos establecidos de forma unilateral por la Administración Trump.
Este marco responde, ante todo, a los intereses geoestratégicos y económicos de Washington en Venezuela: contener la influencia de potencias extrahemisféricas, combatir el narcotráfico, controlar el flujo migratorio, asegurar el acceso a los recursos minerales y energéticos del país y preservar la estabilidad política. Sobre la base de estos intereses se diseñó el plan de tres fases para la «transición democrática institucional” en Venezuela. El proceso de conversaciones recientemente abierto forma parte de esa tercera fase, tal como lo señalan los comunicados del Departamento de Estado.
Ha sido, en consecuencia, la Casa Blanca la que ha trazado las líneas maestras del proceso de conversaciones: estableció sus objetivos, decidió quiénes lo integrarían y quiénes no, fijó el momento para iniciarlo y delimitó los asuntos sobre los cuales se puede negociar.
Dentro de este contexto, las declaraciones de Trump, Rubio y otros funcionarios de la Casa Blanca han dado a entender que, por ahora, uno de los temas que quedan fuera de los límites de estas conversaciones es la fecha de las elecciones en Venezuela. El 24 de julio, Trump volvió a descartarlas en el corto plazo al afirmar que Venezuela «todavía no está realmente preparada” para votar. En paralelo, Rubio ha mantenido una formulación deliberadamente abierta. El secretario de Estado declaró el 4 de agosto que la transición venezolana requeriría «algo de constancia y un poco de paciencia; no años, pero sí meses y semanas”, al mismo tiempo que resaltaba que la transición en Paraguay, «les llevó casi tres años y medio… estas cosas son difíciles”.
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