PSOE y Más Madrid consideran que Alberto González Amador habría incurrido en la comisión de dos delitos de administración desleal, falsedad contable, corrupción en los negocios y delito contable
La jueza Inmaculada Iglesias ha aplazado este lunes la declaración de Alberto González Amador por un presunto fraude fiscal a instancias de la acusación popular que representa al PSOE y Más Madrid tras solicitar en un escrito que se investiguen cinco nuevos supuestos delitos a raíz de analizar un informe de la Agencia Tributaria que consta en el procedimiento, han informado fuentes jurídicas.
El empresario tenía previsto comparecer por la mañana en los juzgados de Plaza de Castilla en calidad de investigado por la presunta comisión de dos delitos de defraudación tributaria y un delito de falsedad en documento mercantil en relación a un supuesto fraude fiscal que le atribuye la Fiscalía de Madrid.
En un escrito registrado este mismo lunes, la acusación popular reclama la práctica de varias diligencias como que se investigue la relación empresarial del novio de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, con Quirón; que se analicen sus cuentas de 2019 a 2022; y que aporte la escritura de compraventa de sus viviendas de 2020 a 2024.
La suspensión se solicitaba al no haber podido esta parte analizar el informe emitido por la jefa del Equipo de Inspección de la Agencia Tributaria en la Delegación Especial de Madrid, entregado a esta parte el pasado 12 de junio”. La magistrada tendrá que decidir ahora sobre el escrito presentado.
Esta acusación entiende que se deben de agravar los delitos fiscales que se le imputan a Alberto González por “la existencia de una organización y la utilización de toda una ingeniería contable, mediante la utilización de personas físicas o jurídicas interpuestas, algunas de las cuales radicadas en el extranjero, para cometer estos delitos”.
Además, considera el PSOE y Más Madrid que la pareja de Ayuso podría haber incurrido en la presunta comisión de dos delitos de administración desleal, falsedad contable, corrupción en los negocios, y delito contable.
Fuentes del entorno de Alberto González ven el escrito como “una jugarreta zafia para alargar el acuerdo con la Fiscalía”. “Quieren que se investigue administración desleal de sus empresas. Deslealtad consigo mismo porque no tiene socios. Jugarreta zafia que deja bien a las claras que estamos ante un asunto político contra Díaz Ayuso, no un problema con la Agencia Tributaria”, señalan.
La jueza había citado también para este lunes al resto de investigados después de que el pasado 20 de mayo se suspendieran las comparecencias por un problema en la notificación de la citación a uno de los imputados en la causa. Aún no hay fecha de las nuevas declaraciones.
Delitos fiscales
La investigación se centra en los supuestos indicios delictivos sobre hechos relativos al Impuesto de Sociedades correspondientes a los ejercicios de los años 2020 y 2021 y de un presunto delito de falsedad en documento mercantil al haberse aportado unas facturas que no se corresponden con servicios realmente prestados y aportados con la finalidad de minorar la cuota tributaria a satisfacer.
En el auto de apertura de diligencias, la jueza razonaba que supuestamente y “como consecuencia de estas conductas defraudatorias, el contribuyente ha dejado de ingresar a la Hacienda Pública estatal por el Impuesto de Sociedades de 2020 una cuota de 155.000 euros y por el impuesto de sociedades de 2021, una cuota de 195.951 euros”.
Esgrimía que dichas conductas están tipificadas con “delitos penados en el artículo 305.1 del Código Penal en concurso medial con un delito de falsedad en documento mercantil, del artículo 392.1 en relación con el artículo 390 del Código Penal”.
La pareja de Ayuso está inmersa en este procedimiento mientras el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) Francisco José Goyena tramita la querella que interpuso contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal Julián Salto, por un delito de revelación de secretos en relación a la nota difundida por la Fiscalía de Madrid en la que aclaraba el cruce de correos entre el abogado de Alberto González y el fiscal del caso.
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Carmen Moreno. – Asistente Web Digital