Víctor Travezaño M – director de Cooperando
De la Espriella visitó un cuartel militar tras asumir el poder JAIME SALDARRIAGA – AFPDe la Espriella
La llegada de Abelardo De la Espriella a la presidencia no solo inaugura un nuevo gobierno: expone, con crudeza, la fractura política más profunda que ha vivido Colombia en décadas. Su victoria por un margen estrecho —que refleja un país dividido en mitades exactas— obliga a preguntarse si es posible gobernar cuando la legitimidad nace en medio de una polarización que no da tregua. Este editorial sostiene que el principal reto del nuevo presidente no será técnico, sino político: reconstruir un país que hoy no comparte ni el diagnóstico ni el rumbo.
Un mandato sin mayorías y con un país desconfiado
De la Espriella llega al poder con una plataforma legislativa mínima. Cuatro senadores y un representante no constituyen una coalición: son apenas un punto de partida. En un Congreso fragmentado, cada reforma será una batalla y cada negociación, un pulso de supervivencia. La oposición, encabezada por Iván Cepeda y Gustavo Petro, no solo es numerosa: es disciplinada, ideológica y está dispuesta a convertir el Capitolio en un contrapeso permanente.
El país, además, no le concede un periodo de gracia. La mitad de los colombianos no votó por él y exige garantías, respeto y participación. La otra mitad espera mano dura, cambios rápidos y una ruptura con el pasado reciente. Gobernar entre expectativas tan contradictorias es un ejercicio de equilibrio que pocos líderes han logrado sostener.
La seguridad: el incendio que exige apagar antes de gobernar
Colombia enfrenta su peor crisis de seguridad en veinte años. Los grupos armados se expanden, las economías ilegales se fortalecen y el control territorial se diluye. De la Espriella prometió contundencia, pero la realidad operativa es más compleja que el discurso. Las Fuerzas Militares requieren modernización, coordinación y legitimidad, tres elementos que no se construyen con decretos ni con retórica.
La ciudadanía exige resultados inmediatos. Sin embargo, una estrategia de seguridad que ignore derechos humanos o que se apoye exclusivamente en la fuerza puede desencadenar crisis institucionales que agraven el problema. El presidente deberá demostrar que la firmeza puede coexistir con la legalidad, y que la autoridad no se impone a costa de la democracia.
Un Estado debilitado y una economía sin margen
El déficit fiscal limita la capacidad de acción del gobierno. Las promesas de recortar el Estado chocan con la realidad de un país que necesita más inversión en salud, educación, infraestructura y seguridad. La economía no ofrece espacio para improvisaciones: cualquier reforma tributaria o productiva requerirá consensos amplios, precisamente lo que hoy escasea.
El sistema de salud, en particular, atraviesa una crisis estructural. Sin acuerdos políticos, cualquier intento de reforma será un campo minado. Y sin reforma, el deterioro continuará afectando a millones de colombianos.
El desafío ambiental que no admite aplazamientos
Colombia no está preparada para un fenómeno de El Niño severo. La reducción de lluvias amenaza la generación eléctrica, la disponibilidad de agua y la producción agrícola. En un país polarizado, las políticas ambientales suelen quedar relegadas, pero ignorarlas sería un error estratégico. La crisis climática no distingue ideologías y puede convertirse en el factor que desestabilice al gobierno si no se atiende con seriedad.
El verdadero reto: gobernar sin romper más al país
Este editorial sostiene que el mayor desafío de De la Espriella no es la seguridad, ni la economía, ni la salud. Es la división. Un país partido en dos no se gobierna con decretos, sino con acuerdos. No se pacifica con discursos incendiarios, sino con puentes. No se reconstruye con mayorías circunstanciales, sino con legitimidad sostenida.
Si el presidente insiste en gobernar desde la confrontación, su mandato será corto en resultados y largo en conflictos. Si, por el contrario, decide moderar el tono, abrir el diálogo y construir consensos, podrá convertir una victoria estrecha en una oportunidad histórica.
Colombia no necesita un presidente que profundice la grieta. Necesita uno que la cierre.
Petro endurece su postura y el Pacto Histórico prepara una oposición de doble frente
Tras su derrota en el balotaje presidencial, Gustavo Petro ha adoptado una actitud de confrontación abierta frente al nuevo gobierno de Abelardo De la Espriella, marcando el inicio de un periodo político que promete alta tensión tanto en las instituciones como en las calles.
Desde el primer momento, el expresidente se negó a reconocer los resultados electorales y denunció un presunto fraude que, según él, habría alterado la voluntad popular. Petro sostiene que 70.000 “testigos digitales” identificaron irregularidades en el software utilizado para el conteo de votos y que 1350 puestos de votación presentaron “patrones estadísticos” anómalos. Con base en estas acusaciones, afirma que el presidente electo es “ilegítimo” y que el verdadero ganador habría sido el senador Iván Cepeda.
La retórica del exmandatario ha escalado en los últimos días. En un evento partidario en Soacha, llamó a conformar “guardias libertadoras”, descritas como una “milicia popular” destinada a frenar lo que él denomina el avance del “fascio narcotraficante”. Paralelamente, Cepeda convocó movilizaciones en Barranquilla, Cali y Bogotá coincidiendo con la posesión del nuevo presidente, calificándolas como actos de “desobediencia civil pacífica”. De la Espriella respondió que tales iniciativas buscan “desestabilizar la democracia”.
Mientras tanto, en el Congreso, el Pacto Histórico prepara una estrategia de oposición que combina presión institucional y movilización social. Expertos consultados señalan que, en el corto plazo, la bancada se enfocará en debates de control político para cuestionar la gestión de los ministros y exponer debilidades en la implementación de políticas. Además, utilizará sus prerrogativas parlamentarias para obstaculizar proyectos de ley, retrasar su trámite y promover acciones ante la Corte Constitucional con el fin de frenar reformas impulsadas por el nuevo gobierno.
Con este doble frente —calle e instituciones—, el Pacto Histórico busca mantener viva la narrativa de ilegitimidad electoral y ejercer presión constante sobre la administración entrante. El escenario político colombiano se encamina así hacia una etapa marcada por la polarización, la confrontación y la incertidumbre sobre la gobernabilidad en los primeros meses del nuevo mandato.