Víctor Travezaño M.(director de Cooperando)
La reciente crisis en el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, desencadenada por el cese del consejero de Educación Emilio Viciana y la posterior cascada de dimisiones en su entorno, ha abierto un debate más amplio sobre la estabilidad interna del Partido Popular y sobre cómo se articula el poder dentro de la formación. Lo que comenzó como un conflicto técnico en torno a la Ley de Enseñanzas Superiores (LESUC) ha terminado revelando tensiones soterradas en el PP madrileño y obligando a la dirección nacional a vigilar de cerca la evolución de los acontecimientos.
Un conflicto gestado en la Consejería de Educación
La ruptura entre Viciana y el núcleo duro de Ayuso no fue repentina. Durante meses, la tramitación de la LESUC había generado fricciones con los rectores de las universidades públicas madrileñas, que denunciaban falta de diálogo y un modelo de gobernanza que consideraban intervencionista. El fracaso de la ley en la Asamblea de Madrid fue interpretado en el entorno de la presidenta como un síntoma de pérdida de control político.
A ello se sumaba el estilo de gestión de Viciana, más técnico que político, y la influencia de su círculo de colaboradores —conocidos informalmente como “Los Pocholos”—, un grupo cohesionado de jóvenes cargos que ocupaban puestos clave en Educación. Su salida en bloque tras el cese del consejero convirtió un ajuste interno en una crisis de mayor calado.
Aparcar la LESUC: un giro estratégico
La decisión del Gobierno madrileño de aparcar la LESUC supone, en la práctica, renunciar a una reforma integral del sistema universitario. La Comunidad de Madrid ha optado por centrar sus esfuerzos en un nuevo modelo de financiación, el punto más conflictivo con las universidades. La paralización de la ley aporta estabilidad a corto plazo, pero también retrasa cambios estructurales que estaban sobre la mesa.
Para universidades como la Complutense (UCM) o la Autónoma (UAM), la crisis tiene efectos inmediatos: se reduce la tensión institucional, pero persiste la incertidumbre sobre la financiación futura y sobre proyectos estratégicos que dependen de la coordinación con la Consejería.
Ayuso y Génova: una relación de interdependencia
La crisis ha reabierto el debate sobre la relación entre Ayuso y la dirección nacional del PP. La presidenta madrileña es uno de los activos políticos más potentes del partido, con un liderazgo territorial que trasciende Madrid. Feijóo, por su parte, necesita que los gobiernos autonómicos proyecten estabilidad para reforzar su estrategia nacional.
Ambos mantienen una relación de interdependencia: Ayuso aporta visibilidad, resultados electorales y un modelo político propio; Feijóo marca la línea nacional y necesita cohesión interna. La crisis en Madrid obliga a una coordinación más estrecha para evitar que el ruido territorial afecte al relato estatal.
Madrid, pieza clave en la estrategia del PP
La Comunidad de Madrid es el principal granero de votos del PP y su escaparate de gestión. Las políticas madrileñas —fiscales, educativas o sanitarias— se proyectan como ejemplo del “modelo PP” en el resto del país. Por eso, cualquier inestabilidad en el Gobierno regional tiene un impacto que trasciende lo autonómico.
La crisis en Educación no parece, por ahora, amenazar la hegemonía del PP madrileño, pero sí ha obligado a recomponer equipos, reforzar la disciplina interna y cerrar filas en torno a la presidenta.
Cómo gestionan los partidos las crisis internas
La reacción del Gobierno madrileño encaja en el manual clásico de gestión de crisis políticas: Control del relato, minimizando el conflicto y presentándolo como un ajuste técnico. Reacción rápida, con el nombramiento inmediato de Mercedes Zarzalejo como nueva consejera. Cierre interno, reforzando la cohesión del grupo parlamentario y reorganizando la Consejería.
Este tipo de estrategias buscan evitar que las tensiones internas se conviertan en un problema de imagen pública o en un cuestionamiento del liderazgo.
Un fenómeno que no es exclusivo de Madrid
Las crisis autonómicas no son nuevas en la política española. Cataluña ha vivido tensiones constantes entre ERC y Junts; Castilla y León ha experimentado fricciones entre PP y Vox; y en la Comunidad Valenciana, los gobiernos de coalición han afrontado conflictos en áreas sensibles. En todos los casos, las crisis territoriales han tenido eco nacional, obligando a las direcciones de los partidos a intervenir o mediar. La diferencia en Madrid es que se trata del territorio más estratégico para el PP, lo que amplifica cualquier movimiento interno.
Un cierre rápido, pero con preguntas abiertas
La crisis parece encauzada tras la reestructuración del Gobierno madrileño, pero deja preguntas abiertas: ¿Cómo se reconfigurará el equilibrio interno del PP madrileño? ¿Qué papel jugará Zarzalejo en la nueva etapa educativa? ¿Qué impacto tendrá la crisis en la relación entre Ayuso y la dirección nacional? ¿Cómo afectará a la agenda universitaria y a la financiación de las universidades públicas?
Lo que sí parece claro es que la crisis ha mostrado que incluso los gobiernos más sólidos pueden enfrentarse a tensiones internas inesperadas, y que su gestión puede tener repercusiones que van mucho más allá del ámbito autonómico.