El Ejecutivo tiene que decidir si una retribución del 6,46% es suficiente o apoya un incremento al 7 o 7,5%
El Gobierno tiene ante sí una de las decisiones clave para el futuro económico del país. El colapso en las redes eléctricas puede dejar inversiones por más de 60.000 millones de euros en un cajón si no logra resolver el atasco existente para lograr capacidad de conexión para la industria, los centros de datos o el desarrollo del hidrógeno, entre otros.
El Ejecutivo, así como la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, mantienen un pulso con las eléctricas por la tasa de retribución financiera para el periodo 2026-2031 en la que ahora apenas les separan entre 200 y 500 millones de euros adicionales al año.
Según las cuentas de la CNMC, con el nuevo modelo propuesto, alcanzar una tasa de retribución del 6,46% supondrá elevar en 342 millones de euros al año (2.053 millones), los costes del sistema eléctrico, apenas un 0,9%.Si extrapolamos esta cantidad para llegar a la cifra que pretenden las eléctricas, alcanzar el 7% supondría elevarla a 547 millones (3.282 millones en el periodo) o 797 millones en el caso de llegar al 7,5% (4.782 millones hasta 2031).
Transición Ecológica ha dado ya el primer paso para resolver el atasco actual con su propuesta de elevar en más de 11.300 millones los actuales límites de inversiones en redes (7.700 millones para distribución y 3.600 millones para transporte), lo que implicaría alcanzar una inversión total de cerca de 34.000 millones y ahora se espera que solicite un incremento en los comentarios que enviará a la CNMC para valorar la circular sobre la retribución.
Las eléctricas, por su parte, llevan años explicando que si no logran una rentabilidad adecuada no serán capaces de atraer el capital necesario para desarrollar las redes y facilitar el proceso de electrificación previsto por el Gobierno en el PNIEC.
La propia CNMC defiende que los parámetros de retribución de las actividades de transporte y distribución deben fijarse atendiendo a la situación cíclica de la economía, la evolución de la demanda eléctrica y una rentabilidad adecuada para estas actividades. Por ese motivo, la escasa diferencia existente y las diferencias con otros países europeos está provocando la tensión actual y haciendo que las empresas se replanteen parte de sus inversiones en nuestro país.
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