Enfurece al sector y colisiona con Junts, que acordó lo contrario hace dos semanas
El partido de Carles Puigdemont pactó con los socialistas eliminar un nuevo gravamen a las mutuas que subiría las cuotas a 2,7 millones de catalanes.
El pacto en el que el PSOE ha asumido la exigencia de Sumar de gravar los seguros de salud privados ha caído como una bomba en el sector. A la espera de que se concrete la medida, que los socios de la coalición han acordado en el marco del paquete fiscal para 2025, las aseguradoras advierten de que subir los impuestos disparará los precios y derivará a decenas de miles de pacientes a una sanidad pública saturada. Una polémica iniciativa que, además, colisiona con Junts, cuyo apoyo en el Congreso es imprescindible para sacar adelante las medidas fiscales, ya que hace apenas dos semanas llegaron a un acuerdo con los socialistas en materia de asistencia sanitaria a mutualistas que va precisamente en la dirección contraria.
En el acuerdo firmado ayer, los socios del Gobierno se comprometen a «eliminar la exención a las primas de seguros privados sanitarios» y justifican que esa rebaja impositiva «tiene un claro sesgo regresivo, beneficiando fundamentalmente a las personas y familias de renta alta». Fuentes del sector consultadas por EL MUNDO rechazan la mayor y aseguran que en España hay más de 12,41 millones de personas que cuentan con algún tipo de seguro sanitario privado, de modo que no puede entenderse como una exención que beneficie a las rentas altas.
Las fuentes consultadas advierten, además, de que la eliminación de la exención a las primas de seguros disparará los precios y acabará provocando un trasvase de decenas de miles de pacientes a una sanidad pública saturada. Recuerdan también que las aseguradoras están ahora mismo en el foco por la renovación del convenio de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface), de la que depende la asistencia sanitaria privada de 1,5 millones de funcionarios y sus familias, que en estos momentos está en el aire por la insuficiencia en la oferta económica del Gobierno.
Otras fuentes del sector recuerdan al Ejecutivo que esta medida iría en la dirección contraria de la política fiscal que está marcando la Unión Europea respecto a los impuestos a la educación y sanidad privadas. En concreto, la Alianza de la Sanidad Privada Española ya mostró su rechazo a la medida propuesta por la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a principios de año en el marco de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado para 2024, recordándole que el artículo 132 de la Directiva 2006/112 del Consejo de Europa establece un marco común relativo al sistema del Impuesto sobre el Valor Añadido y «entre las prestaciones de servicios del sector sanitario que la Directiva del IVA trata como exentas, se sitúan las de servicios de hospitalización y asistencia sanitaria, las de servicios médicos prestados por profesionales y las de servicios protésico-dentales».
Proporcionado por elmundo.es– La noticia completa aquí
Valeria Talavera. – Asistente Web Digital