Sumar dice estar presionando a su socio de Gobierno para no dilatar más la aprobación de un paquete de ayudas
Frente a la cautela de un PSOE que afirma estar «monitorizando» la crisis de la guerra de Irán y las amenazas de Estados Unidos (EE.UU.) tras la postura de rechazo frontal a la contienda manifestada por España antes de aprobar un escudo social, la izquierda radical ha decidido tomar partido a través de distintas propuestas. Entre ellas, una proposición de ley (PL) de Podemos «para establecer un plan anti-Trump» o una proposición no de ley (PNL) de Compromís, ERC, Bildu y BNG, también con el objetivo aprobar un paquete de ayudas que habrá de ser más amplio que el que ya tumbaron Partido Popular, Vox y Junts en el Congreso de los Diputados hace un par de semanas e incluya medidas para paliar los efectos del conflicto en Oriente Medio. Mientras, Sumar dice estar «presionando» —por el momento, sin efecto— a su socio de Gobierno para no dilatar más la aprobación de un nuevo decreto ómnibus colocando encima de la mesa sus propias reclamaciones.
La norma registrada por los morados este lunes en la Cámara Baja, integrada por hasta 53 artículos articulados en torno a seis ejes —renuncia a la guerra y medidas en materia de vivienda, energía, alimentación, transportes y medicamentos—, busca amortiguar «la escalada en los precios de combustibles, electricidad o gas» que van a afectar a la actividad económica y golpear a los sectores vulnerables de la población. Por ello, pretende «da respuesta a nivel político, económico y social», tomando como ejemplo el modelo ya diseñado y adoptado durante la pandemia del COVID-19 y desde la invasión rusa de Ucrania. En primer lugar, según ha explicado la líder del partido, Ione Belarra, se hace necesario abandonar la OTAN en el plazo de un año y poner fin al Convenio entre España y EE.UU. sobre la Cooperación para la Defensa con el consecuente cierre de las bases militares de Rota y Morón.
En materia energética -que, junto a las medidas de escudo social en materia de vivienda, alimentación y farmacia, en principio, tendrían un plazo de un año prorrogable-, aboga Podemos por garantizar la universalidad de su acceso con la prohibición de cortes de suministro, un tope en las tarifas repercutidas a los ciudadanos, un incremento de las cuantías del bono social, la creación de un «cheque electricidad» para las personas más vulnerables, recuperar el IVA del 5% a la electricidad e incluso establecer una nueva «excepción ibérica» para topar el gas. Unido a todo ello, la nacionalización de Repsol de cara a recuperar el control público del sector energético.
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