LIZ MENDOZA: CANDIDATA CON EL NÚMERO 1 A DIPUTADOS POR PEX, POR FUERZA POPULAR

Víctor Travezaño M ( director de Cooperando)

LIZ MENDOZA, JOVEN LUCHADORA POR LOS DERECHOS SOCIALES Y POLITICOS DE MILES DE PERUANOS EN EL EXTERIOR LLEGA A MADRID EN LOS AÑOS INICIALES DEL PRESENTE SIGLO. DESARROLLA UNA CARRERA SIENDO PROFESIONAL Y EMPRESARIA. ES UNA PERUANA DISPUESTA A PROGRESAR Y REALIZARSE SIN POSTERGAR SU PREOCUPACIÓN POR LA SITUACIÓN DE SUS PAISANOS Y EL CONJUNTO DE LOS INMIGRANTES EN GENERAL. A PROPO´SITO DE SU CANDIDATURA POR FUERZA POPULAR , ES DESIGNADA CANDIDATA A UNA DIPUTACIÓN, REPRESENTANDO A LOS PERUANOS EN EL EXTERIOR, DESARROLLAMOS UNA ENTREVISTA CON ELLA; NOS EXPUSO SUS PUNTOS DE VISTA Y PREOCUPACIONES RESPECTO A TEMAS DE INMIGRACIÓN Y LA SITUACIÓN Y DEMANDAS DE LOS PERUANOS EN EL EXTERIOR.

La inseguridad ciudadana en el Perú es hoy uno de los problemas más graves del país, con una percepción de inseguridad que supera el 86 % a nivel nacional y un aumento sostenido de delitos violentos como homicidios, extorsiones y sicariato.

Los datos más recientes muestran un deterioro significativo: Percepción de inseguridad: 86.1 % de peruanos se sienten inseguros al salir de casa. Miedo generalizado: Más del 75 % de la población vive con temor cotidiano, especialmente en Lima (81 %).  Homicidios en aumento: El país podría alcanzar una tasa de 10.7 homicidios por cada 100,000 habitantes en 2025, un nivel crítico. Delitos más frecuentes: robos, extorsiones (“cobro de cupos”), sicariato y crimen organizado. Sectores más afectados: transporte público, comercio, pequeñas empresas y barrios periféricos.

Principales causas del problema 1. Crimen organizado y bandas extranjeras Expansión de mafias dedicadas a extorsión, trata de personas, narcotráfico y sicariato. Ingreso de organizaciones criminales transnacionales que operan en ciudades como Lima, Trujillo y Arequipa. 2. Debilidad institucional. Falta de coordinación entre Policía, Fiscalía y gobiernos locales.Corrupción policial que dificulta investigaciones y operativos. Baja capacidad de investigación criminal y escasez de tecnología. A esto se suma una economía muy informal y la falta de oportunidades, crecimiento urbano desordenado y un sistema judicial saturado que tiene profundas consecuencias que afecta a la calidad de vida; un significativo impacto negativo en el turismo, cierre de negocios, desconfianza en el Estado. No hay una solución única, sin embargo, implica reformas profundas, fortalecimiento de la investigación criminal, políticas sociales preventivas y reforma del sistema penitenciario, etc.

También nuestra candidata entrevistada nos expuso un esbozo sobre el ORDEN POLITICO Y SOCIAL. El Perú atraviesa uno de los periodos más tensos y prolongados de inestabilidad de su historia reciente. La sucesión acelerada de presidentes, los choques permanentes entre el Ejecutivo y el Congreso y la fragilidad de los partidos políticos han configurado un escenario donde la gobernabilidad parece siempre en disputa. Esta crisis institucional ha erosionado la confianza ciudadana y ha dejado al país sin una ruta clara de largo plazo.

A la par, persisten profundas desigualdades sociales y territoriales. Mientras Lima concentra recursos y oportunidades, amplias zonas rurales continúan enfrentando carencias en salud, educación e infraestructura. Las brechas entre la costa, la sierra y la Amazonía alimentan un sentimiento de exclusión que se expresa en protestas, demandas regionales y conflictos socioambientales, especialmente en zonas vinculadas a la minería.

La informalidad económica, que afecta a más de dos tercios de la población trabajadora, agrava la precariedad y limita la capacidad del Estado para financiar servicios públicos de calidad. A esto se suma la percepción extendida de corrupción, que golpea tanto a autoridades nacionales como regionales y municipales.

En este contexto, el país enfrenta el desafío de reconstruir la legitimidad de sus instituciones y avanzar hacia un modelo más inclusivo. Reformas políticas, fortalecimiento de los partidos, descentralización efectiva y un diálogo real con las comunidades aparecen como caminos posibles. El reto es enorme, pero también lo es la urgencia de encontrar un rumbo común que permita superar la fragmentación y recuperar la confianza en el futuro.

LOS PERUANOS EN EL EXTERIOR EXIGEN MEJOR ATENCIÓN, AGILIDAD Y MÁS EFICIENCIA EN LA ATENCION A SUS PROBLEMAS.

La comunidad peruana en el exterior —más de 3,5 millones de personas según cifras oficiales— continúa enfrentando obstáculos significativos para ejercer plenamente sus derechos ciudadanos y acceder a servicios estatales eficientes. Aunque los consulados cumplen un rol esencial en la atención y protección de los migrantes, su capacidad operativa sigue siendo insuficiente frente a la creciente demanda.

En ciudades con alta concentración de peruanos, como Madrid, Buenos Aires o Nueva York, los consulados registran saturación crónica. Los usuarios denuncian demoras en la emisión de pasaportes, dificultades para obtener citas y escasa información sobre trámites básicos. La digitalización, impulsada por normas recientes, avanza de manera desigual y aún no logra resolver los cuellos de botella más urgentes.

La participación política de los peruanos en el exterior también enfrenta barreras persistentes. Aunque el voto migrante existe desde 1980, la asistencia a las urnas sigue siendo baja. Las largas distancias a los locales de votación, la falta de transporte y la limitada difusión de información electoral reducen la participación. A ello se suma la percepción de que los representantes elegidos por esta circunscripción mantienen una débil conexión con las comunidades que deberían representar.

Mientras la Cancillería y la ONPE preparan ajustes para mejorar la organización del voto en 2026, especialistas advierten que la participación transnacional de los peruanos continúa siendo incipiente. La falta de mecanismos más amplios de involucramiento político y la desconexión institucional alimentan la sensación de distancia entre el Estado y su diáspora.

Pese a los avances, la comunidad peruana en el exterior sigue reclamando un Estado más cercano, moderno y eficiente. La magnitud de la migración exige una política pública sostenida que reconozca a los peruanos fuera del país no solo como votantes, sino como ciudadanos con derechos plenos.

PERUANOS EN EL EXTERIOR EXIGEN REFORMA DE LAS NORMAS QUE REGULAN SU PARTICIPACIÓN EN LOS CONSEJOS DE CONSULTA DE LOS CONSULADOS

La participación de los peruanos residentes en el extranjero dentro de los Consejos de Consulta —los órganos creados para articular el diálogo entre las comunidades migrantes y los consulados— vuelve a estar en debate. Aunque estos espacios están regulados por la Ley N.º 29495 y su reglamento aprobado en 2010, diversas organizaciones consideran que el modelo actual ha quedado desfasado y requiere una reforma urgente.

Los Consejos de Consulta fueron concebidos como mecanismos de cooperación para promover la cultura peruana, apoyar la integración de los migrantes y canalizar propuestas hacia el Estado. Sin embargo, la participación ciudadana sigue siendo baja. La limitada difusión de los procesos electorales, la ausencia de voto remoto y la dependencia total de los consulados para su funcionamiento han generado cuestionamientos sobre su representatividad.

A ello se suma la falta de autonomía y recursos. Los Consejos no cuentan con personería jurídica ni presupuesto propio, lo que restringe su capacidad de acción. Tampoco existen mecanismos claros de seguimiento, evaluación o rendición de cuentas, lo que debilita su impacto en la formulación de políticas públicas dirigidas a la diáspora peruana.

Frente a este panorama, colectivos de peruanos en el exterior plantean una modernización integral de la normativa. Entre las propuestas destacan la implementación del voto electrónico, la asignación de recursos mínimos, la capacitación de consejeros y la integración de estos órganos en la estructura de la política exterior peruana.

Mientras el número de peruanos en el extranjero continúa creciendo, la demanda es clara: fortalecer los Consejos de Consulta para que se conviertan en verdaderos espacios de representación y no en instancias meramente formales.

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