Con la hegemonía de la ideología neoliberal las grandes multinacionales de la salud vieron en nuestro país un gran nicho de negocio para enriquecerse
El derecho a la protección de la salud está recogido en la Constitución española de 1978, en el título I, capítulo tercero, artículo 43, y como consecuencia, en el año 1986 se aprobó la Ley General de Sanidad que creaba el Sistema Nacional de Salud (SNS). Se acaba así con el modelo Bismarck de Seguro Obligatorio de Enfermedad, que era obligatorio para todos los trabajadores y trabajadoras y sólo cubría la asistencia sanitaria a los afiliados al mismo y a sus familias. El resto de la población quedaba bajo un sistema de Beneficencia, de muy baja calidad, para quienes menos recursos tenían, o bajo la sanidad privada, destinada a quienes disfrutaban de mayores ingresos económicos. Con la Constitución se instauró el modelo Beveridge, con un Sistema Nacional de Salud público, universal, gratuito y de calidad, financiado con los Presupuesto Generales del Estado. Aunque con ciertas deficiencias y limitaciones se consideraba un buen sistema sanitario pues era eficaz y eficiente; con unos recursos razonables se conseguían unos buenos resultados sanitarios objetivables en indicadores como esperanza de vida, mortalidad infantil, etc., situando a nuestro país entre los primeros a nivel mundial por este concepto.
PP y PSOE abrieron la privatización de nuestro SNS con la ley 15/97. Desde entonces no ha cesado de crecer. Sólo Izquierda Unida votó en contra
Sin embargo, con la hegemonía de la ideología neoliberal las grandes multinacionales de la salud vieron en nuestro país un nicho de negocio del que podrían obtener grandes beneficios. Comenzaron así una estrategia de acoso y derribo contra la sanidad pública, con la colaboración de los partidos de la derecha y también del PSOE. Más tarde, con la excusa de la crisis económica comenzaron los recortes y los copagos en el SNS, y se legislaron medidas legales para hacer posible la “colaboración público-privada”, pues según el discurso neoliberal este modelo ahorra costes y hace más eficiente el sistema. Con ese fin y para posibilitar la privatización de nuestro SNS se aprobó la ley 15/97, a pesar de que se ha demostrado que es mucho más costoso y de peor calidad asistencial. Sólo Izquierda Unida votó en contra.
Ese proceso se ha ido desarrollando de una manera progresiva. Según un informe de Audita Sanidad, se han disparado los procesos de “colaboración público-privada”, es decir, de privatización de la sanidad de todos y todas. Y se ha hecho de distintas maneras:
1. El más agresivo son las concesiones, que es cuando una empresa privada, generalmente grandes constructoras, construye y financia un hospital público mediante un contrato de concesión, recibiendo a cambio un canon anual por el arrendamiento del edificio. Es el modelo PFI (Private Finance Iniciative).
La empresa privada también puede gestionar los servicios sanitarios de todo el Área de Salud del Hospital con un pago capitativo por parte de la Administración, es decir por el número de habitantes del Área, facturando aparte por los/las pacientes de otras Áreas que quieran tratarse en el Hospital. Es el modelo PPP (Public Private Partnership), conocido en España como Modelo Alzira ya que fue ese hospital del Pais Valenciano el que inauguró la formula en España.
Según el informe de Audita Sanidad, en la actualidad hay 23 centros con estas características en nuestro país: 15 con el modelo PFI y 8 con el modelo PPP, siendo la Comunidad de Madrid la que va en cabeza de este proceso con 11 hospitales.
Este modelo sanitario representa un deterioro en la calidad asistencial y una precarización del personal sanitario ya que se reducen las inversiones en infraestructuras, material clínico y personal, puesto que el principal objetivo de estas empresas es ahorrar costes para obtener los máximos beneficios, aunque sea a costa de la salud de la población, recortándose así los derechos de ésta.
2. Otra forma de privatizar la sanidad pública es mediante la externalización de servicios clínicos asistenciales como laboratorio, anatomía patológica, radiología, transporte sanitario, etc. o servicios generales tipo cocina, limpieza, mantenimiento, seguridad, etc. También este proceso tiene una repercusión tanto en la calidad de la asistencia como en el gasto que representa para el SNS.
La Comunidad de Madrid, con una sanidad cada vez más precaria, encabeza las concesiones de hospitales del país y las pólizas de salud privados
3. Por otra parte el deterioro de la calidad de la sanidad pública —como denuncia un informe de la FADSP sobre los presupuestos de la Atención Primaria—, en el año 2024 pone de manifiesto su preocupación por la insuficiente financiación, dando lugar a un déficit de personal en todas las categorías causando unas listas de espera insostenibles, motivo por el que una parte cada vez mayor de la población, con posibilidades económicas, está contratando pólizas de salud privadas que han experimentado un crecimiento acelerado en los últimos años en nuestro país. Y aquí vuelve a ser la Comunidad de Madrid, con una sanidad pública cada vez de peor calidad, la que lidera este proceso. Y lo que es más grave, en muchos casos estos seguros privados están financiados con dinero público pues las funcionarias y funcionarios tiene el privilegio de poder elegir su prestación sanitaria con seguros privados a través del MUFACE, que pagamos toda la ciudadanía en detrimento de la sanidad pública.
4. Las mutuas laborales, empresas privadas responsables de las enfermedades y accidentes laborales y que velan más por los intereses de las empresas que por la salud de los/las trabajadores/as.
Y finalmente una mención a las grandes multinacionales farmacéuticas, máximo ejemplo de la mercantilización de la salud, que parasitan la investigación en centros públicos para conseguir grandes beneficios, permitidos por los Estados, como pudimos ver una vez más en la pasada pandemia del COVID 19.
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Carmen Moreno. – Asistente Web Digital