“Hay un boom de solidaridad que va mermando, poco a poco la gente lo normaliza”, explica una trabajadora social.
Dos meses después de que comenzara la invasión de Ucrania, han llegado a España en torno a 70.000 refugiados, repartidos entre Madrid, Barcelona y Alicante. Aunque un conflicto tan extremo provoca reacciones solidarias del mismo calado, la solidaridad no es infinita y el boom de las primeras semanas se diluye, igual que la guerra, entre la actualidad.
Después de miles de kilómetros y de dejar una vida entera atrás, con la incertidumbre de si algún día podrá ser recuperada, cuando llegan a España son acogidos en hoteles y centros bajo el respaldo del Ministerio de Inclusión. En ese punto son completamente dependientes de las instituciones hasta que encuentren un trabajo, cuando podrán por fin intentar salir adelante de manera autónoma, aunque todavía cuentan con ciertos apoyos.
A pesar de todo es, una vez en España, cuando los refugiados se enfrentan a una nueva batería de problemas, como encontrar una vivienda. “En Madrid esta tarea “está siendo imposible”, relata a 20Minutos de primera mano P. R., una joven trabajadora social que trata con refugiados ucranianos en un centro de primera acogida de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). “Me dicen que con 1.200 euros como albañil no pueden pagar un alquiler en Madrid y nadie quiere alquilarle a estas personas”, asegura.
Así, hace hincapié en la caída de la solidaridad en el momento más crítico para los casi recién llegados a España. “Justo ahora es cuando estamos intentando buscar los pisos porque es cuando encuentran trabajo“.
La técnico de acogida de refugiados explica que después de lo que se llama “primera acogida” pasan a la “segunda fase”, cuando encuentran un empleo, y es entonces cuando necesitan salir de los hoteles y centros para encontrar una vivienda en la que prosperar. “Hay un boom de solidaridad que después va mermando, poco a poco la gente lo normaliza”, reflexiona.
“Te dicen que no porque es algo social”
Ahora, después de encontrar trabajos “del estilo albañil o mozo de almacén, muy precarios, aunque tengan estudios universitarios (el 61% de los refugiados tienen estudios superiores)”, explica, no hay apenas particulares que quieran alquilar sus pisos a estos refugiados. “Las opciones son mínimas, tienen que ser pisos entre 600 o 650 euros, y esto en Madrid es impensable”, se queja, por los altos precios de las viviendas en la capital.
Pero esta búsqueda no debería ser tan tediosa, ya que el riesgo de impago que corren los caseros gracias a las prestaciones es nulo: “Ellos tienen una ayuda de 18 meses, hasta de 24 en algunos casos, si pierden el trabajo para poder pagar ese alquiler, por lo que el propietario nunca se quedaría sin cobrarlo“, explica P. R.
Aun así, las trabajadoras que se encargan de contactar con las agencias -pues la mayoría de los refugiados no hablan español y no pueden encargarse de las gestiones- se topan contra un muro.
“Hay cláusulas abusivas, para un piso de 600 euros al mes y de 50 m² están pidiendo tres nóminas y que sean de 1.800 euros al mes”, se queja. “Y cuando les dices que es algo social, te dicen que no, que las condiciones son esas y ya está”, denuncia.
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AndreaB. – Administrador Web Digital
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