En solo una semana, el Supremo ha declarado ilegales las devoluciones de menores a Marruecos de 2021, Frontex ha suspendido sus operaciones en aguas españolas y el caos de solicitantes de asilo desborda el aeropuerto de Barajas.
No ha sido la mejor semana para el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que suma tres nuevos frentes con incontables críticas a cuenta de su siempre polémica gestión migratoria, ya empañada dentro y fuera del país por la tragedia de Melilla en la que murieron al menos 23 migrantes en un intento de cruce masivo a través de la valla con Marruecos en junio de 2022.
Desde el pasado lunes hasta el viernes, su papel ha recibido dos varapalos judiciales del Tribunal Supremo a cuenta de las devoluciones ilegales de menores no acompañados a Marruecos en agosto de 2021. A esto se suma el caos en las salas de inadmitidos y solicitantes de asilo del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y los desencuentros con Frontex, la agencia europea de control de fronteras, que mantiene paralizadas sus operaciones contra la inmigración irregular en el Mediterráneo y Canarias y amenaza con abandonar España en pleno auge de llegadas irregulares de pateras y cayucos.
A pesar de estos incendios, Interior no contempla la dimisión de Marlaska, el ministro que más tiempo ha ocupado el cargo, con más de 2.060 días detentando la cartera desde que Pedro Sánchez lo nombrara en junio de 2017 tras la moción de censura que sacó a Mariano Rajoy de la Presidencia del Gobierno. Su continuidad al frente de Interior sorprendió incluso en las filas del PSOE tras la formación del nuevo Gobierno, pero dejó claro que Marlaska se ha convertido en uno de los hombres fuertes del presidente, impasible a los escándalos que acumula tras seis años y medio en el cargo.
Dos varapalos del Supremo por las devoluciones de menores
El pasado lunes, el Tribunal Supremo confirmó que las devoluciones de ocho menores no acompañados desde Ceuta a Marruecos efectuadas en agosto de 2021 fueron ilegales. El viernes, siguiendo esa jurisprudencia, emitió otra sentencia por la repatriación de otros 12. En total fueron 55 los menores retornados ilegalmente, pero estos 20 estaban representados legalmente por la Coordinadora de Barrios y la Fundación Raíces, que lograron que un juzgado de Ceuta paralizara cautelarmente las devoluciones.
La operación fue llevada a cabo por la Delegación del Gobierno en Ceuta y por el Gobierno de la ciudad autónoma, con competencias en materia de infancia. Eso le costó la apertura de juicio por prevaricación administrativa continuada a la exdelegada del Gobierno Salvadora Mateos y a la exvicepresidenta de la ciudad autónoma, Mabel Deu.
Sin embargo, las instrucciones y los contactos con las autoridades marroquíes provenían del Ministerio del Interior, que dio luz verde a la operación, según varios correos electrónicos que figuran en el sumario de esa causa. De hecho, la exdelegada del Gobierno declaró ante el juez que el asunto «se llevó personalmente a Madrid, a hablar con el ministro» y que «el Ministerio se puso en esos momentos en contacto con Marruecos y vieron bien llevar a cabo el convenio» de repatriación de menores entre España y Marruecos.
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Carmen Moreno. – Asistente Web Digital