Las especiales circunstancias del caso podrían hacer que el Ministerio del Interior, según fuentes del Gobierno, no tramitase la petición con Bélgica
Que Carles Puigdemont vaya a contar con un servicio de escoltas de Mossos d’Esquadra en Bélgica es, en este momento, algo que únicamente orbita en sus deseos. A día de hoy, parece lejana la posibilidad de que cuaje su custodia por parte de agentes de la policía autonómica catalana.
Es el Ministerio del Interior el que tendría que tramitarlo una vez que recibiera la petición formal por parte de la Generalitat de Cataluña pero, según informan fuentes gubernamentales consultadas por este periódico, el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska estaría lejos de dar el visto bueno porque, insisten, podría derivarse a otra instancia.
El filtro que debería pasar la solicitud sería la Abogacía General del Estado. El organismo, revelan las mismas fuentes, podría ser el encargado de dirimir la controvertida petición cuando se recibiera dada las especiales características del asunto y la situación de Puigdemont.
Interior es quien se encarga de hacer de puente en estos supuestos. Sin embargo, lo extraordinario -y delicado- de esta petición abre la puerta a que la Abogacía General del Estado pueda llegar a hacer de cauce entre Cataluña y Bélgica.
No obstante, la última decisión es de las autoridades belgas, que serán las que aprueben o no dotar a Carles Puigdemont del equipo de escoltas que solicita. Es el Gobierno del país al que huyó quien tiene potestad.
No es la primera vez que Puigdemont reclama escoltas -lo ha hecho en reiteradas ocasiones por su condición de ex presidente- y la Generalitat de Cataluña inicia la tramitación con el ministerio pero siempre ha sido denegada. Nunca ha tramitado su solicitud.
Las dudas que suscita la legitimidad de la petición hay que buscarlas en su abrupta salida de España a Bélgica en 2017, tras el referéndum de Cataluña del 1 de octubre.
Carles Puigdemont es un prófugo de la Justicia y, por tanto. El ex presidente escapó para evitar su detención y posterior juicio. La polémica emergió el pasado lunes 6 de noviembre. Josep Lluís Alay, jefe de GAbinete del ex presidente, envió una carta al consejero de Interior de la Generalitat catalana, Joan Ignasi Elena: En la misiva dibujaba una situación de «grave inseguridad» para Puigdemont en Bélgica y pedía un equipo de escoltas.
Un día después, Félix Bolaños recogía el guante. «Nadie cuestiona la seguridad de las personas, por muchas diferencias ideológicas que pueda haber», indicó.
Y fue más allá: involucró al ministerio de Grande-Marlaska. El ministro de Presidencia mostró su convencimiento de que «que el Ministerio del Interior la tramitará y seguro que resolverá lo que proceda». A día de hoy la Generalitat no se ha puesto en contacto con Interior para comunicarle la solicitud de Puigdemont.
En caso de que lo hiciera -es la vía a seguir y no puede hacerlo de otra manera- con total seguridad sería desviada a la Abogacía General del Estado, reiteran fuentes del Gobierno, que sería quién tomaría la decisión de intervenir ante Bélgica.
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Carmen. – Asistente Web Digital
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