El debate sobre qué significaba poner el consentimiento en el centro se resolvió en apenas unas horas con el beso no consentido a Jenni Hermoso, considerado machista.
Juana Rivas fue condenada por el juez Manuel Piñar a 5 años de prisión por sustracción de sus dos hijos menores. Juana protegía a sus hijos de un padre maltratador. El juez llevaba al extremo su negacionismo. Juana, como María Sevilla, Irene Costumero entre otras tantas, son madres protectoras, que han sufrido la violencia de género y la violencia institucional de un sistema judicial sin perspectiva de género, que no solo no las ha protegido de sus maltratadores, sino que las ha revictimizado.
Jenni Hermoso es futbolista profesional y campeona del mundo. Justo cuando debía estar celebrando la victoria de la Selección Española de Fútbol Femenino, fue víctima de un beso no consentido, retransmitido en directo. El debate sobre qué significaba poner el consentimiento en el centro, que llevaba meses siendo el principal motivo de desgaste y azote contra el feminismo y contra el Ministerio de Igualdad, se resolvió en apenas unas horas. La sociedad masivamente dijo “Se acabó” y señaló el beso no consentido como expresión de las violencias machistas que están normalizadas e invisibilizadas. Un nuevo sentido común feminista recorre el mundo.
Juana Rivas y Jenni Hermoso ejemplifican el conflicto en torno a las violencias machistas y las desigualdades de las que emergen. De un lado, el feminismo que ya forma parte del sentido común mayoritario y que amenaza con transformarlo todo.
De otro lado, el negacionismo patriarcal que nutre a los fascismos que avanzan en toda Europa, que se resiste a la pérdida de poder y que se expresa en todos los ámbitos, llegando incluso a ejercer la violencia institucional y judicial contra una madre, víctima de violencia machista, que intenta proteger a sus hijos de un maltratador.
Ese conflicto entre la reacción machista y el que es hoy uno de los principales motores de cambio social, se ha agudizado y expresado de modo más virulento, en tanto ha habido un Gobierno de España y un Ministerio de Igualdad, que ha acompañado la hoja de ruta del movimiento feminista y que ha desplegado una agenda democratizadora, situando la sostenibilidad de la vida en el centro. La lucha contra las violencias machistas torna así en una exigencia democrática y una cuestión de Estado. No hay democracia que pueda ser calificada como tal mientras los cuerpos de las mujeres sigan siendo violentados por el hecho de ser mujeres.
Desde esa premisa, y tras una década perdida en políticas de igualdad, impulsamos en esta legislatura un paquete legislativo de reconocimiento de nuevos derechos feministas, atendiendo a uno de los principales mandatos del movimiento feminista: reconocer todas las formas de violencias machistas, reconocer a todas las víctimas y todas las obligaciones que el Estado tiene con ellas.
El consentimiento en el centro, por ley
Durante esta legislatura se han producido avances tanto en el plano normativo como en el de las políticas públicas y la dotación presupuestaria. El marco normativo estatal estaba alejado del cumplimiento de las obligaciones que establecía el derecho internacional a través del “Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica” (Estambul, 2011). No en vano, la Ley de Violencia de Género se aprobó en 2004, y sólo contemplaba la violencia machista prevalente de pareja y expareja.
Con la “Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre de garantía integral de la libertad sexual” se amplía el marco de lucha contra las violencias machistas, reconociendo el feminicidio familiar (no solo parejas o exparejas), el sexual (sin relación de pareja ni familiar, incluyendo los feminicidios por agresión sexual, trata, explotación sexual, prostitución, mutilación genital femenina y los vinculados a los matrimonios forzados), el social (asesinato de una mujer por un hombre desconocido, compañero de trabajo, vecino, empleador, amigo, etc.) y el vicario (asesinato de una mujer para causar perjuicio o daño a otra mujer por razón de género).
La ley ha eliminado la distinción entre abuso y agresión sexual, situando el consentimiento en el centro, diseñando una arquitectura institucional orientada a garantizar derechos a través de los servicios públicos a todas las víctimas y a transformar la cultura sexual de la violación en una cultura sexual del consentimiento.
El “Plan España te protege contra la violencia machista” ha permitido ampliar el 016 y ATENPRO, establecer nuevos canales de denuncia más accesibles, así como financiar un nuevo servicio de asistencia integral, los “Centros de Crisis 24 horas”, dirigidos a prestar asistencia jurídica y psicológica a las víctimas de violencias sexuales.
La “Estrategia Estatal contra las violencias machistas” (2022- 2025) por primera vez han incluido medidas concretas dirigidas a combatir violencias hasta ahora no reconocidas: la violencia económica o la institucional, la vicaria, la violencia política o aquella que se produce en el ámbito digital, entre otras.
El Plan Camino, la primera política pública abolicionista, y el primer “Plan de Inserción Sociolaboral dirigido a víctimas de trata, de explotación sexual y mujeres en contextos de prostitución”.
No obstante, cabía mucha mayor determinación por parte del socio de Gobierno para que los resultados y su impacto hubieran sido más ambiciosos. De hecho, la ley de trata ha quedado en el debe.
Acabar con la impunidad de la industria proxeneta y con la demanda y facilitar la recuperación sociosanitaria de las víctimas y el acceso a bienes básicos como el empleo o la vivienda, para tener la oportunidad de vidas dignas y libres es clave para una estrategia abolicionista efectiva.
Se multiplicaron por 10 en relación a 2017 los presupuestos dedicados a combatir las violencias machistas. No obstante, queda mucho por hacer en el ámbito de la institucionalización y blindaje de las políticas feministas que salvan vidas, en la implicación y compromiso de los hombres y en la aplicación efectiva de lo que establece la nueva legislación feminista.
El BOE ha publicado cambios estructurales que ahora toca hacer realidad. Para que los nuevos derechos feministas sean efectivos se necesitan jueces, juezas y estructuras judiciales que actúen con perspectiva de género, personal sanitario, trabajadores sociales, profesionales docentes, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o periodistas que se comprometan con el mandato democrático de combatir las violencias machistas y prevenirlas.
Proporcionado por mundoobrero.es – La noticia completa aquí
Carmen. – Asistente Web Digital
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