El cierre por falta de alumnos de una escuela en un barrio humilde de Mérida evidencia el incipiente problema que la caída de natalidad extiende por toda España. Padres y docentes rechazan los argumentos de la Junta, que asegura que el centro no garantiza la inclusión
El colegio público Juan XXIII ocupa un edificio enorme en mitad del barrio de San Juan, uno de los más humildes de Mérida. El jueves, en el recreo, solo un puñado de alumnos ocupa el patio, que incluye una pista de baloncesto y otra de fútbol. Construido en 1985 con capacidad para más de 400 estudiantes, hoy solo están matriculados allí 39, repartidos entre todos los cursos de infantil y primaria. Esa es la parte que nadie discute; a partir de ahí, sin embargo, parece que la Consejería de Educación de Extremadura y los padres del centro estuvieran hablando de colegios distintos. La Administración describe una especie de gueto que hay que cerrar (ha decidido hacerlo al final de curso) porque, con altas tasas de absentismo y repetidores, no garantiza la “igualdad de oportunidades ni la inclusión” de los pocos chicos, todos “especialmente vulnerables”, que se concentran allí. Ana León, empleada pública, madre de una niña con altas capacidades, y Mari Carmen Muñoz, auxiliar de enfermería, madre de un chico con discapacidad intelectual, defienden que, muy al contrario, se trata del único colegio que ha sabido garantizarles una buena educación. Explican que el compromiso de los profesores y, precisamente, lo exiguo del alumnado lo convierten en un “laboratorio de buenas prácticas” que merece la pena conservar, igual que se mantienen abiertos centros rurales con muy pocos estudiantes para no matar a los pueblos.
Pero las cuentas no salen —el centro “está funcionando al 8,7% de su capacidad”, dice una portavoz de la consejería— y la decisión —”necesaria y responsable”, aunque también “dolorosa y de último recurso”, continúa— ya está tomada. La directora del colegio, Cecilia Chamorro, admite con dolor que “quizás es ya tarde”, aunque probablemente “se podrían haber intentado muchas cosas antes”. El Juan XXIII lleva más de 20 años desangrándose, poco a poco, con esa imagen de puertas adentro y la otra, infinitamente peor y más poderosa, hacia fuera, perdiendo alumnos por el descenso de la natalidad y la competencia de dos colegios concertados que hay, a 350 y 800 metros, en los dos extremos del barrio.
A Chamorro le duele profundamente que la idea que quede sea que ella y sus compañeros no están ofreciendo “la educación que se merece y debe tener cada niño”. “Me siento orgullosa del trabajo que hemos hecho”, dice. Pero tampoco quiere cargar contra los concertados, como algunos padres, sindicatos y defensores de la pública en general, que creen que la Administración debería quitarles las subvenciones antes de cerrar el centro. “Como dijo la delegada de Educación [del Ayuntamiento de Mérida, Susana Fajardo], al final, el colegio está en este punto porque las familias no lo han elegido”, reconoce. De nada sirve echarles ahora la culpa a esas familias o a los centros concertados; lo importante es preguntarse por qué ha pasado: “Todos, absolutamente todos tenemos que tomarnos el cierre de un colegio público como un fracaso. Hemos fracasado y tenemos que aprender de ello”.
Una reflexión que puede servir para Mérida, para toda Extremadura y en casi cualquier punto de España. En las próximas dos décadas, la curva descendente de natalidad hará que el alumnado de enseñanza obligatoria (hasta 16 años) disminuya un 23,4%, según los cálculos del Centro de Estudios Demográficos de la Universidad Autónoma de Barcelona. El ambicioso informe del Gobierno España 2050, que trata de fijar una estrategia de país a medio y largo plazo, va más allá: prevé que a mitad de siglo el país “tendrá unos 800.000 estudiantes menos de entre 3 y 15 años”, lo que “equivale a tener unas 33.000 aulas de 24 alumnos menos que en 2019″. El texto propone aprovechar ese descenso para mejorar la calidad de la enseñanza. Pero, en el camino, puede significar el cierre de muchos colegios.
Ya está ocurriendo. En Badajoz todo el mundo tiene en la cabeza la clausura en 2020 del colegio público El Cristo de Villanueva de la Serena, un centro de características similares al Juan XXIII. En la Comunidad de Madrid, cerraron el curso pasado dos colegios públicos y un instituto de secundaria en Alcalá de Henares. En Huelva, hará lo mismo el año que viene el colegio Tres Carabelas, en La Orden, el barrio más poblado de la ciudad. Y en toda Andalucía se suceden desde el año pasado las protestas por el cierre de aulas públicas.
En el País Vasco, el debate ha sido tan intenso que uno de los puntos del pacto educativo que acaban de firmar los partidos que representan el 88% del Parlamento autónomo habla de “la racionalización de la planificación que, en este contexto de bajada de natalidad, haga una oferta ajustada a las necesidades de la demanda, evitando las sobreofertas, y las infraofertas, que puedan dar ocasión a un aumento de la segregación”.
El recrudecimiento de las clásicas tensiones entre la pública y la concertada parece inevitable, pues en muchos lugares la supervivencia de unos u otros dependerá de las decisiones que se tomen a partir de ahora. De hecho, uno de los grandes conflictos durante la tramitación de la ley educativa aprobada en diciembre de 2020 fue la eliminación de una frase que había introducido la anterior norma, del PP, que decía que la programación de la oferta escolar tendría en cuenta “la demanda social”. Esto, en la práctica, significaba reconocer el derecho a obtener o mantener un concierto siempre que haya demanda.
Menos alumnos por clase
La frase se eliminó, pero lo cierto es que la pública sigue en desventaja a la hora de decidir dónde aplicar la tijera, opina el profesor de Sociología de la Universidad de Barcelona Xavier Bonal. “La pública se rige por decisiones políticas y la concertada, por contrato y, si le quieres cerrar una o dos líneas, se van al juez y en 10 minutos las tienen otra vez puestas. Los conciertos, o los retocas cuando tienen que renovar, cada seis años, o durante ese periodo, aunque haya alteraciones demográficas, tienes muy poco que hacer”. Bonal aboga por una buena planificación que ajuste la oferta de plazas a la demografía. “Lo que es negativo para la desigualdad y la segregación es hacer un mero seguimiento de la demanda, hay que tener capacidad de planificar y para ello hay que jugar con las ratios”, dice en referencia a las bajadas del número máximo de alumnos que por ley puede haber en un aula, que además pueden servir para intentar mejorar la educación. El problema, de nuevo, es que los concertados tienen que aceptar voluntariamente esa reducción si se produce antes de la revisión de sus contratos, añade.
La concertada, en todo caso, parece que está por la labor. “La caída de la natalidad afecta a todos. Todo el mundo está muy preocupado”, dice Pedro Huerta, secretario general de Escuelas Católicas, entidad mayoritaria en la red concertada, antes de abogar por esas bajadas de ratio como una de las posibles soluciones. Esa medida no solo permitiría mantener las mejoras producidas durante la crisis de la covid —“Se atiende mucho mejor, los profesores están más a gusto y los alumnos reciben una atención mucho más personalizada”—, sino que también serviría “para evitar que esto se acabe convirtiendo en una guerra, a ver quién se lleva más alumnos, a ver quién convence a más padres…”, asegura. “Dejar las cosas como están y que sean las familias las que al final resuelvan solas el tema no hace ningún favor ni a la educación ni a las mismas familias”, añade. Eso sí, si se bajan ratios, opina que debería ser de forma flexible —“La caída de natalidad no afecta a todas las zonas igual”— y que los centros que las apliquen deberían recibir más subvención. En todo caso, cree imprescindible que se llegue a un acuerdo entre el ministerio y todas las comunidades para que las medidas sean consensuadas. “Ahora mismo, cada Administración autonómica está tomando decisiones con criterios diferentes”, protesta.
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Andrea B. – Asistente Web Digital
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